Es la hora del Estado Palestino

* Por Álvaro Hamamé Villablanca

Chile, con una de las comunidades palestinas más grandes del mundo -entre 300 mil y 400 mil descendientes- se convirtió en el quinto país latinoamericano, tras Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, en reconocer al Estado palestino. La ANP, presidida por Mahmud Abbas formalizará la petición este 23 de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Hace unos días, una solitaria silla azul se destacaba en la Puerta del Sol de Madrid -habitual escenario de protestas sociales durantes los últimos meses- para simbolizar el posible reconocimiento internacional de Palestina, como Estado soberano con derecho a ser miembro pleno, en las Naciones Unidas. La petición será presentada al Consejo de Seguridad el viernes 23 de septiembre y ha servido para reactivar un conflicto que lleva 60 años estancado.

Israel considera que esta demanda es un acto unilateral que pondría aún más dificultades a las negociaciones –en punto muerto desde los acuerdos de Oslo firmados hace 18 años- pero lo que más debe preocupar a Netanyahu es que de ser aprobada esta moción, su administración podría ser llevada ante el Tribunal Internacional de la Haya. El gobierno israelí, ya no sería ocupante -mediante asentamientos ilegales y la construcción de un muro opresivo de 800 kilómetros- de “territorios en disputa”, sino de un Estado, Palestina.

A las puertas de esta votación, vale la pena refrescar algunas de las más de 60 resoluciones de la ONU que Israel no ha respetado desde 1955. Predominan en esta selección las que tienen que ver con las demandas centrales más significativas para comenzar a hablar de un acuerdo de paz razonable: Volver a las frontera de 1967 -anteriores a la guerra de los seís días- el derecho a retorno de los más de cuatro millones de refugiados palestinos y el fin de los asentamientos de colonos.

La resolución 242 de 1967 “Exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Próximo, que pasa por la retirada del Ejército israelí de los territorios ocupados”[en referencia a la Guerra de 1967]”. El artículo 11 de la sentencia 194 resuelve que “Israel debe permitir a los refugiados que lo deseen regresar a sus hogares lo más pronto posible. Se deben pagar indemnizaciones a título de compensación por todos los bienes que hayan sido perdidos o dañados”
. El 22 de marzo de 1979, la resolución 446 se manifestó en contra de los asentamientos: “La política y las actuaciones de Israel con asentamientos en los territorios palestinos y árabes ocupados desde 1969 no tienen validez legal”. Israel evacuó el año 2005 a 8.000 colonos de Gaza, pero mantiene a más de 400 mil en Cisjordania y Jerusalén Este.

Muchos son también los informes en contra del llamado “muro de seguridad” -sistema de vallas y alambradas que en algunos sectores llega hasta siete metros de altura, con control militar– que separa ciudades, campos de cultivo y aisla poblaciones, lo que afecta económicamente a 400 mil palestinos. El 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que “las secciones de la barrera de separación que entran en Cisjordania son ilegales y debían ser desmanteladas”. Podríamos seguir llenando varias páginas con estas sanciones. Las resoluciones de la ONU, claro está, son sólo advertencias declarativas políticamente correctas. Y si bien, expresan el sentir de la mayoría de los 193 países miembros, no repercuten en acciones políticas concretas. Estas sordas llamadas de atención están además condicionadas por el derecho a veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad -las futuras naciones obtienen sus membresías de la Asamblea General por recomendación del Consejo- oposición que utiliza oportunamente para exculpar a su más fiel aliado de todo pecado. Obama, leal a Israel, ya ha declarado que se opondrá firmemente a la petición. Esta semana además los palestinos conmemoran uno de los momentos más tristes de su historia. Entre el 16 y 18 de septiembre de 1982 fue planificada y ejecutada por las tropas israelíes y la falange libanesa la masacre de los campos de refugiados de Sabra y Chatila. Los falangistas, amparados por el entonces jefe de las fuerzas armadas y posterior primer ministro, Ariel Sharon, entraron durante la noche a los campamentos, y atacaron salvajemente a su población. Agrupaciones internacionales, periodistas y trabajadores sanitarios de la Cruz Roja coincidieron en que la cifra de civiles asesinados durante 48 horas llegó a más de 2.500 personas. Jóvenes, mujeres, niños y ancianos fueron arrastrados desde sus casas, torturados y ejecutados delante de sus familias para vengar la derrota política y militar, sufrida meses antes por Israel, a manos de las fuerzas libanesas progresistas y la OLP, que habían luchado por un Líbano árabe y democrático. Para estos asesinatos la ONU también tuvo su fallo, los calificó de “acto de genocidio”, pero nadie fue juzgado. Más letra muerta para un organismo que dentro de sus políticas fundacionales se compromete a fomentar la igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos y la paz universal.

El periodista Israelí David Horovtiz – reconocido columnista del New York Yimes y ex editor del Jerusalem Post, – ha señalado en sus última publicación que esta vez, el impacto puede ser más que declarativo “La resolucion 77, Unidos por la Paz, de la Agnu, establece que si los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no pueden alcanzar la unanimidad y parece haber una amenaza para la paz, o un acto de agresión, la Asamblea General puede llenar el vacío emitiendo sus propias recomendaciones de medidas colectivas tomadas por estados individuales incluyendo, el uso de la fuerza armada “. ¿Será esta sentencia también letra muerta? Por el momento, la silla azul en el centro de Madrid y en la ONU siguen vacías.

extraído del El Ciudadano