El Cauca no quiere mártires. Pero, como siempre que se empuñan armas
de fuego, ya hay muertos en el enfrentamiento que desde hace más de diez
días mantienen los indígenas del norte de este departamento del
suroccidente colombiano con los actores armados situados en la zona, que
los han tenido en medio de un fuego cruzado desde hace ya demasiado
tiempo. Un joven comunero indígena de apenas 20 años muerto es el
“error” que han cometido las Fuerzas Armadas y que llevaron a la
decisión de relevar al comandante de la Tercera División del Ejército.
La situación, a ojos de la opinión pública, se ha convertido en un enfrentamiento pseudo bélico entre el Ejército y la comunidad indígena, colectivo que los medios primero convirtieron en exótico “héroe a su pesar” gracias a la imagen de un par de portavoces, y luego denigraron como “terrorista” cuando hicieron llorar a un sargento, cruzando la línea del “indio permitido”. Este es uno de esos casos en los que la verosimilitud se hace “verdad”, por la distancia, la incomunicación, el prejuicio, la ingenuidad y a veces la línea política de muchos medios de comunicación, cómplices en la polarización de las actitudes de la opinión pública, y cómplices pues también de las decisiones que se toman buscando la adhesión de la misma.
La realidad es que los pueblos del norte del Cauca son foco constante de escaramuzas y “hostigamientos” por parte de la guerrilla, a la que responde el Ejército, dejando a la población civil en un fuego cruzado constante. En esta ocasión, al cumplirse un año del ataque de las Farc con una “chiva” (autobús popular) bomba en Toribío, que dejó tres muertos, cien heridos y decenas de casas destrozadas, la comunidad indígena se volvió a mover. Hay afectados de todas las condiciones: indígenas, negros, campesinos, mestizos... los desplazados se cuentan por millares y buscarles una adscripción étnica no hace justicia a la realidad. La guerra afecta a toda la sociedad. Pero la razón principal de que la acción se desarrolle a instancias de los indígenas no es otra que el hecho de que ellos están organizados, con una estructura central fuerte, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, avalado por las comunidades y reconocido por el Estado como Autoridad Tradicional Especial con transferencias particulares de poder y gestión, y distintas asociaciones de cabildos que hacen parte de este entramado, entre las que destaca la ACIN, asociación de los cabildos del Norte del Cauca. El compromiso de la organización indígena tiene 40 años de historia y en las comunidades saben ya muy bien que la unidad solidaria es la única opción.
Uno de los brazos del CRIC es su guardia indígena, compuesta por muy diversos segmentos de población, garante del buen orden y que actúa siempre en colectivo. Su fuerza es esa, la unidad. De modo que cuando este lunes, de nuevo salieron del municipio de Miranda a buscar a las Farc, esos cientos de personas que componen la guardia encontraron que la guerrilla ya se había marchado de los puntos fijos que tiene en los alrededores. Fue después, al día siguiente, y tras avisar de sus intenciones al comandante Jorge Humberto Jerez, cuando más de mil indígenas congregados en Toribío se dispuso a echar de allí al Ejército.
Lo que continuó fue un desalojo sin heridos, aunque con algunos empujones y algunas lágrimas que han sido portada en todos los medios colombianos. Más tarde, gases lacrimógenos y disparos imprecisos, y 32 indígenas heridos, llevaron al Ejército de vuelta al cerro estratégico de donde les habían echado. Pero la organización indígena, consciente de que esto no es una guerra de ellos contra el Ejército, solicitó un diálogo con los altos mandos -al mismo tiempo que capturaban a cuatro supuestos guerrilleros que rondaban por los montes aledaños-. Resultado: vuelta a la casilla de salida, con el Ejército de vuelta en el cerro, la guerrilla fuera de pista -aunque seguramente expectante- y los indígenas, mirando desde abajo del cerro, todavía congregados por miles y con la dignidad intacta, se diga lo que se diga en los medios de comunicación.
En todo caso, este no va a ser el final del tremendo problema que afrontan los pueblos del norte del Cauca, un problema de pura seguridad personal. En un contexto en el que faltan décadas de inversión social en la región, de los que ningún gobierno se quiere responsabilizar, los cultivos de coca y los invernaderos de marihuana no se han erradicado, por más que el CRIC presente posiciones cada vez más inequívocas a este respecto, al menos para acabar con ellos en todos sus resguardos. Las Farc seguirán luchando por controlar los cultivos y los corredores por donde se trafica con la droga, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido enviar más efectivos militares, haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de la población. “Otros” grupos de poder seguirán interesados en quedarse con el territorio para explotar los recursos naturales, principalmente mineros. En definitiva, muchos se alegrarían si no viviera un alma en esas montañas exhuberantes al norte del Cauca. Pero resulta que sí vive gente. Y entre esa gente hay un grupo organizado que está más que harto de ser utilizado como reclamo cultural o folclórico, como apeadero de intereses mafiosos de todo tipo, y que reclama su autonomía, reconocida por el Estado, para desarrollar su plan de vida en paz.
La situación, a ojos de la opinión pública, se ha convertido en un enfrentamiento pseudo bélico entre el Ejército y la comunidad indígena, colectivo que los medios primero convirtieron en exótico “héroe a su pesar” gracias a la imagen de un par de portavoces, y luego denigraron como “terrorista” cuando hicieron llorar a un sargento, cruzando la línea del “indio permitido”. Este es uno de esos casos en los que la verosimilitud se hace “verdad”, por la distancia, la incomunicación, el prejuicio, la ingenuidad y a veces la línea política de muchos medios de comunicación, cómplices en la polarización de las actitudes de la opinión pública, y cómplices pues también de las decisiones que se toman buscando la adhesión de la misma.
La realidad es que los pueblos del norte del Cauca son foco constante de escaramuzas y “hostigamientos” por parte de la guerrilla, a la que responde el Ejército, dejando a la población civil en un fuego cruzado constante. En esta ocasión, al cumplirse un año del ataque de las Farc con una “chiva” (autobús popular) bomba en Toribío, que dejó tres muertos, cien heridos y decenas de casas destrozadas, la comunidad indígena se volvió a mover. Hay afectados de todas las condiciones: indígenas, negros, campesinos, mestizos... los desplazados se cuentan por millares y buscarles una adscripción étnica no hace justicia a la realidad. La guerra afecta a toda la sociedad. Pero la razón principal de que la acción se desarrolle a instancias de los indígenas no es otra que el hecho de que ellos están organizados, con una estructura central fuerte, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, avalado por las comunidades y reconocido por el Estado como Autoridad Tradicional Especial con transferencias particulares de poder y gestión, y distintas asociaciones de cabildos que hacen parte de este entramado, entre las que destaca la ACIN, asociación de los cabildos del Norte del Cauca. El compromiso de la organización indígena tiene 40 años de historia y en las comunidades saben ya muy bien que la unidad solidaria es la única opción.
Uno de los brazos del CRIC es su guardia indígena, compuesta por muy diversos segmentos de población, garante del buen orden y que actúa siempre en colectivo. Su fuerza es esa, la unidad. De modo que cuando este lunes, de nuevo salieron del municipio de Miranda a buscar a las Farc, esos cientos de personas que componen la guardia encontraron que la guerrilla ya se había marchado de los puntos fijos que tiene en los alrededores. Fue después, al día siguiente, y tras avisar de sus intenciones al comandante Jorge Humberto Jerez, cuando más de mil indígenas congregados en Toribío se dispuso a echar de allí al Ejército.
Lo que continuó fue un desalojo sin heridos, aunque con algunos empujones y algunas lágrimas que han sido portada en todos los medios colombianos. Más tarde, gases lacrimógenos y disparos imprecisos, y 32 indígenas heridos, llevaron al Ejército de vuelta al cerro estratégico de donde les habían echado. Pero la organización indígena, consciente de que esto no es una guerra de ellos contra el Ejército, solicitó un diálogo con los altos mandos -al mismo tiempo que capturaban a cuatro supuestos guerrilleros que rondaban por los montes aledaños-. Resultado: vuelta a la casilla de salida, con el Ejército de vuelta en el cerro, la guerrilla fuera de pista -aunque seguramente expectante- y los indígenas, mirando desde abajo del cerro, todavía congregados por miles y con la dignidad intacta, se diga lo que se diga en los medios de comunicación.
En todo caso, este no va a ser el final del tremendo problema que afrontan los pueblos del norte del Cauca, un problema de pura seguridad personal. En un contexto en el que faltan décadas de inversión social en la región, de los que ningún gobierno se quiere responsabilizar, los cultivos de coca y los invernaderos de marihuana no se han erradicado, por más que el CRIC presente posiciones cada vez más inequívocas a este respecto, al menos para acabar con ellos en todos sus resguardos. Las Farc seguirán luchando por controlar los cultivos y los corredores por donde se trafica con la droga, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido enviar más efectivos militares, haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de la población. “Otros” grupos de poder seguirán interesados en quedarse con el territorio para explotar los recursos naturales, principalmente mineros. En definitiva, muchos se alegrarían si no viviera un alma en esas montañas exhuberantes al norte del Cauca. Pero resulta que sí vive gente. Y entre esa gente hay un grupo organizado que está más que harto de ser utilizado como reclamo cultural o folclórico, como apeadero de intereses mafiosos de todo tipo, y que reclama su autonomía, reconocida por el Estado, para desarrollar su plan de vida en paz.
